La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad citar a autoridades de Pensiones, Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para esclarecer las millonarias pérdidas de valoración asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E y determinar si podrían tener consecuencias en los cálculos vinculados a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La decisión se adoptó durante la sesión de este martes, luego de que surgieran cuestionamientos por las operaciones financieras realizadas por las administradoras de fondos de pensiones y los riesgos asumidos en el fondo considerado más conservador del sistema. Según las cifras expuestas ante la comisión por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), las operaciones cuestionadas acumularían cerca de US$7.700 millones en pérdidas de valoración, mientras que el Fondo E registró una caída real acumulada del 10,39% durante los primeros nueve meses de 2026. En ese contexto, la instancia acordó convocar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, para conocer los antecedentes de estas inversiones, las eventuales advertencias recibidas y las medidas de fiscalización adoptadas por el organismo. Uno de los principales puntos que se buscará esclarecer es por qué las AFP mantuvieron una elevada exposición a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés en Estados Unidos, pese a advertencias previas sobre los riesgos asociados con estas operaciones. La citación también incluirá a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero con el propósito de conocer sus observaciones respecto de estas inversiones y las capacidades de los organismos supervisores. En paralelo, la Subsecretaría de Hacienda deberá abordar si la perdida de los fondos previsionales podría tener alguna incidencia en los cálculos relacionados con el financiamiento y pago de la PGU. Este último punto será materia de consulta a las autoridades sin que hasta ahora se haya establecido que las perdidas del Fondo E tengan un efecto directo sobre los montos del pago del beneficio estatal.
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
