En una ceremonia oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la nueva legislación que entrega mayores herramientas a colegios y profesores para actuar ante amenazas o el ingreso de armamento. Según antecedentes de la Superintendencia de Educación, los casos de maltrato contra adultos pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025. La urgencia de la medida se respalda en cifras de Carabineros, que reportaron un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de las escuelas durante el año pasado. Ante este escenario, el mandatario destacó la importancia de la ley señalando que: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”. La normativa también obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que impidan la identificación facial y considera como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas. Uno de los puntos más debatidos es la facultad de los establecimientos para incorporar en sus reglamentos la inspección de pertenencias. El presidente defendió esta medida utilizando una analogía con los controles aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”. Bajo esta lógica, Kast sentenció: “El que nada hace, nada teme”. El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado, resguardando la privacidad y el debido proceso. La ley es enfática en señalar que no se permiten revisiones corporales ni de vestimenta. Aunque el Congreso despachó la iniciativa en junio, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos destaca la intervención de Carabineros o la PDI en las revisiones ante la negativa de un estudiante y la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por delitos de violencia escolar. Con estos ajustes, la ley Escuelas Protegidas otorga a los docentes el poder de aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en el aula. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Educación (Mineduc) ha informado sobre la suspensión total de clases en la región de Atacama para los días jueves 13 y viernes 14 de agosto. Esta medida preventiva tiene como objetivo reducir los riesgos asociados al avance de un intenso sistema frontal que afectará al norte del país. La suspensión abarca a todos los establecimientos educativos de la región, independientemente de su dependencia administrativa. Esto significa que tanto los recintos públicos, como los particulares subvencionados y pagados, deberán cesar sus actividades académicas durante estos dos días. La medida incluye a todas las etapas formativas: educación parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. La decisión del Mineduc se basa en los pronósticos y alertas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) con respecto al clima en las regiones del norte. Según la DMC, el evento meteorológico traerá consigo una combinación de factores de riesgo, como fuertes vientos, precipitaciones, una isoterma cero alta y la probabilidad de nieve en varios sectores. Estas condiciones climáticas representan un peligro potencial para los traslados y la infraestructura escolar, lo que justifica la suspensión de clases. Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha exhortado a las comunidades escolares y a las familias a mantenerse resguardadas. Asimismo, ha instado a los apoderados a estar atentos a posibles actualizaciones del calendario escolar a través de los canales digitales oficiales disponibles en el sitio web institucional del ministerio. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar su prisión preventiva, el exdiputado Joaquín Lavín León abandonó el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en completo silencio, limitándose a decir permiso, permiso ante los medios de comunicación. Su salida se produjo pasadas las 17:00 horas, siendo recibido por su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien también está bajo arresto domiciliario nocturno. Lavín pone fin a 90 días de encierro luego de ingresar a prisión el 8 de mayo. A pesar del cambio en la medida cautelar, las investigaciones lideradas por la Fiscalía Metropolitana Oriente continúan. El exlegislador es investigado por delitos electorales relacionados con SocialTazk, así como por falsificación y mal uso de instrumentos privados mercantiles. Además, se le acusa de un presunto fraude al Fisco por $240 millones, derivado de supuestas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias. Por otro lado, Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su mandato como alcaldesa entre 2016 y 2021. La situación judicial de la familia Lavín-Barriga es compleja y sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno continúa afinando su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, profundizó en uno de sus principales anuncios: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo en zonas focalizadas del país. En una entrevista con T13 Central, el secretario de Estado explicó que la propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual, ya que los cuatro estados de excepción contemplados por la Constitución —Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe— no fueron diseñados para abordar problemas de seguridad pública asociados al crimen organizado. “Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Arrau. El ministro detalló que este nuevo mecanismo permitiría adoptar medidas extraordinarias dentro de los sectores donde sea decretado, incluyendo restricciones al desplazamiento y otras facultades especiales para las autoridades. Entre ellas, mencionó la posibilidad de establecer toques de queda, limitar el derecho a reunión e incluso autorizar la interceptación de telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar investigaciones y operativos contra organizaciones criminales. Según explicó, estas herramientas estarían enfocadas exclusivamente en las zonas donde exista una grave alteración de la seguridad pública y permitirían una respuesta más rápida frente a delitos complejos. Respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas, Arrau indicó que podrían colaborar en operaciones específicas cuando sus capacidades sean necesarias, aunque precisó que el control de la seguridad pública seguiría estando a cargo de las policías. “Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís”, afirmó el ministro. La agenda también contempla modificaciones en materia migratoria. Entre ellas, aumentar los plazos de retención administrativa de personas extranjeras en situación irregular para facilitar la ejecución de las expulsiones. Arrau aseguró que esta medida no busca prolongar los procedimientos, sino hacerlos más eficaces frente al alto número de órdenes de expulsión pendientes. “No hay una condena judicial, sino una retención administrativa mientras se cumple la orden de expulsión, con revisión legal de un juez”, explicó. El ministro también defendió la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para incorporar la seguridad pública como un deber explícito del Estado, señalando que este cambio jurídico permitirá sustentar las demás modificaciones que contempla la agenda. La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que considera cerca de 30 proyectos de ley y reformas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular. Fuente: Publimetro
En una ceremonia oficial, el Ejecutivo dio luz verde a la nueva legislación que entrega mayores herramientas a colegios y profesores para actuar ante amenazas o el ingreso de armamento. Según antecedentes de la Superintendencia de Educación, los casos de maltrato contra adultos pasaron de 441 en 2023 a 695 en 2025. La urgencia de la medida se respalda en cifras de Carabineros, que reportaron un promedio de 893 delitos por porte de armas al interior de las escuelas durante el año pasado. Ante este escenario, el mandatario destacó la importancia de la ley señalando que: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”. La normativa también obliga a los reglamentos escolares a prohibir elementos que impidan la identificación facial y considera como falta grave las amenazas que interrumpan las actividades académicas. Uno de los puntos más debatidos es la facultad de los establecimientos para incorporar en sus reglamentos la inspección de pertenencias. El presidente defendió esta medida utilizando una analogía con los controles aéreos: “Cuando ustedes se suben a un avión (…) le dicen: ‘Mire, pase su mochila por aquí’. Porque todos los otros que vamos en el avión tenemos que estar seguros de que no va nada raro dentro de la mochila”. Bajo esta lógica, Kast sentenció: “El que nada hace, nada teme”. El procedimiento deberá ser ejecutado por personal capacitado, resguardando la privacidad y el debido proceso. La ley es enfática en señalar que no se permiten revisiones corporales ni de vestimenta. Aunque el Congreso despachó la iniciativa en junio, el Tribunal Constitucional (TC) eliminó disposiciones controvertidas tras requerimientos de la oposición. Entre los puntos suprimidos destaca la intervención de Carabineros o la PDI en las revisiones ante la negativa de un estudiante y la norma que prohibía el acceso a la gratuidad universitaria por cinco años a quienes fueran condenados por delitos de violencia escolar. Con estos ajustes, la ley Escuelas Protegidas otorga a los docentes el poder de aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias inmediatas, siempre bajo criterios de proporcionalidad para mantener el orden en el aula. Fuente: Publimetro
El Ministerio de Educación (Mineduc) ha informado sobre la suspensión total de clases en la región de Atacama para los días jueves 13 y viernes 14 de agosto. Esta medida preventiva tiene como objetivo reducir los riesgos asociados al avance de un intenso sistema frontal que afectará al norte del país. La suspensión abarca a todos los establecimientos educativos de la región, independientemente de su dependencia administrativa. Esto significa que tanto los recintos públicos, como los particulares subvencionados y pagados, deberán cesar sus actividades académicas durante estos dos días. La medida incluye a todas las etapas formativas: educación parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. La decisión del Mineduc se basa en los pronósticos y alertas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) con respecto al clima en las regiones del norte. Según la DMC, el evento meteorológico traerá consigo una combinación de factores de riesgo, como fuertes vientos, precipitaciones, una isoterma cero alta y la probabilidad de nieve en varios sectores. Estas condiciones climáticas representan un peligro potencial para los traslados y la infraestructura escolar, lo que justifica la suspensión de clases. Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha exhortado a las comunidades escolares y a las familias a mantenerse resguardadas. Asimismo, ha instado a los apoderados a estar atentos a posibles actualizaciones del calendario escolar a través de los canales digitales oficiales disponibles en el sitio web institucional del ministerio. Fuente: ADN Radio Nacional
La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) ha expresado su desaprobación hacia los comentarios realizados por la senadora Camila Flores (RN), luego de que se refiriera a la senadora Fabiola Campillai como señora de feria. Estas declaraciones surgieron durante un encuentro tenso en los pasillos del Congreso, donde Flores expresó: “Se le salió lo poblacional a la señora de feria”, generando críticas públicas. En respuesta, la presidenta de ASOF, Paola Morales, emitió un comunicado en el que señaló que las mujeres feriantes se sintieron afectadas por dicha referencia. “Como comunidad de feriantes nos dolió escuchar la frase ‘señora de feria’ utilizada como una descalificación”, afirmó Morales. “Es inaceptable”, agregó la dirigenta, que se utilice la identidad de quienes laboran en las ferias libres como un término despectivo. Además, resaltó el valor de esta labor, destacando que representa esfuerzo, dedicación diaria y una contribución significativa a las comunidades. “Si alguien considera que llamar a una mujer ‘señora de feria’ es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento sobre quiénes somos. Ser mujer de feria es motivo de orgullo ”, enfatizó Morales. Por último, hizo un llamado a poner fin a este tipo de estigmatizaciones. “Esperamos que nuestra identidad nunca más sea utilizada como motivo de descalificación. Formamos parte de la historia de Chile”, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar su prisión preventiva, el exdiputado Joaquín Lavín León abandonó el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en completo silencio, limitándose a decir permiso, permiso ante los medios de comunicación. Su salida se produjo pasadas las 17:00 horas, siendo recibido por su esposa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien también está bajo arresto domiciliario nocturno. Lavín pone fin a 90 días de encierro luego de ingresar a prisión el 8 de mayo. A pesar del cambio en la medida cautelar, las investigaciones lideradas por la Fiscalía Metropolitana Oriente continúan. El exlegislador es investigado por delitos electorales relacionados con SocialTazk, así como por falsificación y mal uso de instrumentos privados mercantiles. Además, se le acusa de un presunto fraude al Fisco por $240 millones, derivado de supuestas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias. Por otro lado, Cathy Barriga enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su mandato como alcaldesa entre 2016 y 2021. La situación judicial de la familia Lavín-Barriga es compleja y sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno continúa afinando su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, profundizó en uno de sus principales anuncios: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo en zonas focalizadas del país. En una entrevista con T13 Central, el secretario de Estado explicó que la propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual, ya que los cuatro estados de excepción contemplados por la Constitución —Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe— no fueron diseñados para abordar problemas de seguridad pública asociados al crimen organizado. “Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, sostuvo Arrau. El ministro detalló que este nuevo mecanismo permitiría adoptar medidas extraordinarias dentro de los sectores donde sea decretado, incluyendo restricciones al desplazamiento y otras facultades especiales para las autoridades. Entre ellas, mencionó la posibilidad de establecer toques de queda, limitar el derecho a reunión e incluso autorizar la interceptación de telecomunicaciones, con el objetivo de agilizar investigaciones y operativos contra organizaciones criminales. Según explicó, estas herramientas estarían enfocadas exclusivamente en las zonas donde exista una grave alteración de la seguridad pública y permitirían una respuesta más rápida frente a delitos complejos. Respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas, Arrau indicó que podrían colaborar en operaciones específicas cuando sus capacidades sean necesarias, aunque precisó que el control de la seguridad pública seguiría estando a cargo de las policías. “Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís”, afirmó el ministro. La agenda también contempla modificaciones en materia migratoria. Entre ellas, aumentar los plazos de retención administrativa de personas extranjeras en situación irregular para facilitar la ejecución de las expulsiones. Arrau aseguró que esta medida no busca prolongar los procedimientos, sino hacerlos más eficaces frente al alto número de órdenes de expulsión pendientes. “No hay una condena judicial, sino una retención administrativa mientras se cumple la orden de expulsión, con revisión legal de un juez”, explicó. El ministro también defendió la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo para incorporar la seguridad pública como un deber explícito del Estado, señalando que este cambio jurídico permitirá sustentar las demás modificaciones que contempla la agenda. La iniciativa forma parte del paquete de medidas anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que considera cerca de 30 proyectos de ley y reformas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y la migración irregular. Fuente: Publimetro
