El Juzgado de Garantía de Puerto Natales impuso una multa a una ciudadana estadounidense por encender fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, una acción prohibida en áreas protegidas. En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benitez ordenó a la mujer no salir del país hasta que realice una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Una vez realizada la donación, la imputada extranjera, que se encontraba de turista, deberá abandonar Chile y le estará prohibido regresar al territorio nacional por los próximos tres años. De acuerdo con la Fiscalía, la ciudadana estadounidense fue sorprendida utilizando una cocinilla a gas más allá del mediodía del 17 de febrero, a 1.100 metros del refugio conocido como 'Chileno', en el sendero hacia el mirador 'Base de las Torres del Paine' donde está estrictamente prohibido el uso de fuego. Fue expulsada inmediatamente del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales. Fuente: Meganoticias
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha decidido hablar sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo en el Ministerio Público, denunciando situaciones de “espionaje clandestino” y hostigamiento laboral durante su liderazgo en el caso ProCultura. La renuncia de Ríos se produjo poco después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en el contexto de la investigación. Sin embargo, el exfiscal ha afirmado que su decisión se basa principalmente en problemas internos que venía experimentando desde noviembre pasado. En una entrevista con Tele13 Radio, Ríos explicó que luego de 21 años en la institución, sintió que era momento de dar un paso al costado debido a actitudes relacionadas con mobbing y maltrato laboral que afectaron su desempeño. Ríos describió un patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento en su contra, junto con “desautorización de decisiones, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico que nunca entendí”. Además, mencionó un cambio abrupto en su relación con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios: “De un día para otro dejó de comunicarse conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp”. Una de las acusaciones más graves realizadas por Ríos apunta a la existencia de informes paralelos sobre el caso ProCultura. Según sus declaraciones, “muchas cosas que yo hablaba con mi equipo luego eran vertidas en correos institucionales”, y supo por terceros que se había solicitado a otra funcionaria emitir informes sobre el caso sin informarle. Para Ríos, estos hechos representaron un “control clandestino” sobre su trabajo y el de su equipo. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta detallada sobre estas acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
Según las últimas cifras policiales unificadas presentadas por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la tasa de robos violentos en el año 2025 experimentó una disminución del 9,8%. El informe, elaborado por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), reveló que la tasa de este tipo de delitos pasó de 600,1 a 541,5 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa 11.129 casos menos en comparación con el año anterior. Uno de los descensos más significativos se observó en el robo violento de vehículos, con una caída del 22,26% a nivel nacional, lo que equivale a 2.293 casos menos. Asimismo, el robo con violencia o intimidación también mostró una reducción importante, con un descenso del 12%. El balance general refleja disminuciones en todas las familias delictuales durante el año 2025, excepto en los delitos relacionados con armas y drogas. En el caso de los delitos asociados a armas, el aumento se atribuye principalmente a una mayor fiscalización, mientras que en el caso de las drogas se debe a una mayor eficacia policial y al fortalecimiento de capacidades operativas. En cuanto a los delitos contra la integridad de las personas, la tasa descendió de 1.263,9 a 1.240,8 casos por cada 100 mil habitantes, con reducciones en abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%). En relación a la violencia intrafamiliar, la tasa pasó de 704,2 casos a 681,9 por cada 100 mil habitantes. En términos de frecuencia policial, los casos disminuyeron de 141.445 a 137.801. Esta tendencia descendente se ha mantenido por tercer año consecutivo, destacándose las reducciones más significativas en los casos de VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%). Desde el Gobierno resaltaron que la divulgación regular de estas estadísticas tiene como objetivo fortalecer la transparencia y fomentar un debate público informado, basado en evidencia, en materia de seguridad y orden público. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió a las críticas por la demora en la entrega de ayuda a los afectados por los incendios en la zona centro-sur, destacando la importancia de que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cumpla con sus obligaciones legales. Orellana señaló que el alcalde no ha firmado las órdenes de demolición necesarias para llevar a cabo las demoliciones, ni ha solicitado los subsidios de arriendo correspondientes. Además, mencionó que durante una visita a la villa expulsó a voluntarios del Colegio Patricio Lynch, lo cual afecta especialmente a las adultas mayores sin redes de apoyo. La ministra enfatizó que si bien se ha realizado la limpieza estructural de escombros, el municipio enfrenta un problema sanitario cercano a Indura y necesita el apoyo de los voluntarios. Asimismo, instó al municipio a cumplir con sus funciones de acuerdo a los estándares legales establecidos. Por otro lado, Orellana mencionó que no hay órdenes de demolición autorizadas por la Dirección de Obras Municipales hasta el momento. Respecto a las críticas sobre la burocracia para enfrentar la emergencia, la ministra destacó la importancia de cumplir con los estándares y garantías establecidos por el Estado. El director de Obras Municipales de Penco, Pablo Aguayo, explicó que solicitaron precisiones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar demoliciones en zonas declaradas en catástrofe. Según Aguayo, no es necesario solicitar permisos de demolición en estos casos, ya que muchas viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego y no requieren tramitación adicional. Fuente: CNN Chile País
La investigación por el derrumbe que dejó seis trabajadores muertos en la mina El Teniente sumó un nuevo antecedente este miércoles, luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fuera citado a declarar ante la Fiscalía Regional de O’Higgins. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, documento que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente. De acuerdo con el persecutor, aunque Alvarado “declara en calidad de testigo”, lo hace como “representante de la persona jurídica”, ya que la indagatoria apunta a determinar si existe responsabilidad penal de la empresa. “Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa“, explicó el persecutor. En ese escenario, cualquier eventual imputación recaería sobre la compañía y no sobre ejecutivos a título personal. Cubillos detalló que la citación se concentró principalmente en el contenido de la auditoría, aunque también se abordó un informe internacional que fue remitido a la Fiscalía. Tras conocerse los resultados del análisis interno, tres altos ejecutivos dejaron sus cargos. Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal aclaró: “Lo que nosotros debemos investigar es si el sistema de control y de prevención de delitos de la empresa ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”. Si se establece que el sistema de control fue insuficiente o no cumplió con los estándares legales, podría configurarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
El Juzgado de Garantía de Puerto Natales impuso una multa a una ciudadana estadounidense por encender fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, una acción prohibida en áreas protegidas. En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benitez ordenó a la mujer no salir del país hasta que realice una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza. Una vez realizada la donación, la imputada extranjera, que se encontraba de turista, deberá abandonar Chile y le estará prohibido regresar al territorio nacional por los próximos tres años. De acuerdo con la Fiscalía, la ciudadana estadounidense fue sorprendida utilizando una cocinilla a gas más allá del mediodía del 17 de febrero, a 1.100 metros del refugio conocido como 'Chileno', en el sendero hacia el mirador 'Base de las Torres del Paine' donde está estrictamente prohibido el uso de fuego. Fue expulsada inmediatamente del parque por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales. Fuente: Meganoticias
El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, ha decidido hablar sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su cargo en el Ministerio Público, denunciando situaciones de “espionaje clandestino” y hostigamiento laboral durante su liderazgo en el caso ProCultura. La renuncia de Ríos se produjo poco después de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, presentada en el contexto de la investigación. Sin embargo, el exfiscal ha afirmado que su decisión se basa principalmente en problemas internos que venía experimentando desde noviembre pasado. En una entrevista con Tele13 Radio, Ríos explicó que luego de 21 años en la institución, sintió que era momento de dar un paso al costado debido a actitudes relacionadas con mobbing y maltrato laboral que afectaron su desempeño. Ríos describió un patrón de persecución, aislamiento y hostigamiento en su contra, junto con “desautorización de decisiones, instrucciones contradictorias y un silencio jerárquico que nunca entendí”. Además, mencionó un cambio abrupto en su relación con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios: “De un día para otro dejó de comunicarse conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp”. Una de las acusaciones más graves realizadas por Ríos apunta a la existencia de informes paralelos sobre el caso ProCultura. Según sus declaraciones, “muchas cosas que yo hablaba con mi equipo luego eran vertidas en correos institucionales”, y supo por terceros que se había solicitado a otra funcionaria emitir informes sobre el caso sin informarle. Para Ríos, estos hechos representaron un “control clandestino” sobre su trabajo y el de su equipo. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta detallada sobre estas acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
Según las últimas cifras policiales unificadas presentadas por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la tasa de robos violentos en el año 2025 experimentó una disminución del 9,8%. El informe, elaborado por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), reveló que la tasa de este tipo de delitos pasó de 600,1 a 541,5 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa 11.129 casos menos en comparación con el año anterior. Uno de los descensos más significativos se observó en el robo violento de vehículos, con una caída del 22,26% a nivel nacional, lo que equivale a 2.293 casos menos. Asimismo, el robo con violencia o intimidación también mostró una reducción importante, con un descenso del 12%. El balance general refleja disminuciones en todas las familias delictuales durante el año 2025, excepto en los delitos relacionados con armas y drogas. En el caso de los delitos asociados a armas, el aumento se atribuye principalmente a una mayor fiscalización, mientras que en el caso de las drogas se debe a una mayor eficacia policial y al fortalecimiento de capacidades operativas. En cuanto a los delitos contra la integridad de las personas, la tasa descendió de 1.263,9 a 1.240,8 casos por cada 100 mil habitantes, con reducciones en abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%). En relación a la violencia intrafamiliar, la tasa pasó de 704,2 casos a 681,9 por cada 100 mil habitantes. En términos de frecuencia policial, los casos disminuyeron de 141.445 a 137.801. Esta tendencia descendente se ha mantenido por tercer año consecutivo, destacándose las reducciones más significativas en los casos de VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%). Desde el Gobierno resaltaron que la divulgación regular de estas estadísticas tiene como objetivo fortalecer la transparencia y fomentar un debate público informado, basado en evidencia, en materia de seguridad y orden público. Fuente: Publimetro
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respondió a las críticas por la demora en la entrega de ayuda a los afectados por los incendios en la zona centro-sur, destacando la importancia de que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, cumpla con sus obligaciones legales. Orellana señaló que el alcalde no ha firmado las órdenes de demolición necesarias para llevar a cabo las demoliciones, ni ha solicitado los subsidios de arriendo correspondientes. Además, mencionó que durante una visita a la villa expulsó a voluntarios del Colegio Patricio Lynch, lo cual afecta especialmente a las adultas mayores sin redes de apoyo. La ministra enfatizó que si bien se ha realizado la limpieza estructural de escombros, el municipio enfrenta un problema sanitario cercano a Indura y necesita el apoyo de los voluntarios. Asimismo, instó al municipio a cumplir con sus funciones de acuerdo a los estándares legales establecidos. Por otro lado, Orellana mencionó que no hay órdenes de demolición autorizadas por la Dirección de Obras Municipales hasta el momento. Respecto a las críticas sobre la burocracia para enfrentar la emergencia, la ministra destacó la importancia de cumplir con los estándares y garantías establecidos por el Estado. El director de Obras Municipales de Penco, Pablo Aguayo, explicó que solicitaron precisiones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar demoliciones en zonas declaradas en catástrofe. Según Aguayo, no es necesario solicitar permisos de demolición en estos casos, ya que muchas viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego y no requieren tramitación adicional. Fuente: CNN Chile País
La investigación por el derrumbe que dejó seis trabajadores muertos en la mina El Teniente sumó un nuevo antecedente este miércoles, luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fuera citado a declarar ante la Fiscalía Regional de O’Higgins. El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, documento que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente. De acuerdo con el persecutor, aunque Alvarado “declara en calidad de testigo”, lo hace como “representante de la persona jurídica”, ya que la indagatoria apunta a determinar si existe responsabilidad penal de la empresa. “Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa“, explicó el persecutor. En ese escenario, cualquier eventual imputación recaería sobre la compañía y no sobre ejecutivos a título personal. Cubillos detalló que la citación se concentró principalmente en el contenido de la auditoría, aunque también se abordó un informe internacional que fue remitido a la Fiscalía. Tras conocerse los resultados del análisis interno, tres altos ejecutivos dejaron sus cargos. Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal aclaró: “Lo que nosotros debemos investigar es si el sistema de control y de prevención de delitos de la empresa ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”. Si se establece que el sistema de control fue insuficiente o no cumplió con los estándares legales, podría configurarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, puntualizó. Fuente: CNN Chile País
