El periodismo no es delito El ejercicio del periodismo se fundamenta en el interés público. Informar responsablemente sobre procesos judiciales, especialmente aquellos que involucran a autoridades, instituciones estatales o recursos públicos, no constituye un delito: es una expresión legítima del derecho a la información y un pilar de toda democracia sana y transparente. Este proyecto, al establecer sanciones penales amplias y poco delimitadas, podría afectar no solo a periodistas, sino también a investigadores, denunciantes, querellantes e incluso ciudadanos comprometidos con la verdad y la fiscalización social. En su actual redacción, representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. Riesgo de censura y autocensura La aprobación de esta ley podría generar un clima de temor, autocensura e inhibición informativa, afectando directamente la labor investigativa de los medios de comunicación. También pone en riesgo la posibilidad de revelar oportunamente hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, abusos de poder u otras materias de alto interés ciudadano. Las normas vigentes ya sancionan filtraciones indebidas Reconocemos que los funcionarios públicos y quienes participan formalmente en un proceso penal están sujetos al deber de reserva. Sin embargo, la legislación actual ya contempla sanciones para quienes violan dicho deber, por lo tanto, no es necesario ni proporcional criminalizar también a quienes reciben o difunden información de interés público sin haber incurrido en actos ilegales para obtenerla. La criminalización de la divulgación, sin considerar el contexto, la intención informativa ni el valor público del contenido, abre la puerta a restricciones desproporcionadas, persecuciones selectivas y vulneraciones a derechos fundamentales. Periodismo libre, ético y responsable Las y los periodistas y comunicadores sociales de nuestro país hemos asumido históricamente con responsabilidad el rol de informar, investigar y fiscalizar. Nuestro compromiso con la ética profesional y la democracia es indeclinable. Por ello, no podemos aceptar que se nos silencie bajo amenazas penales. El Estado debe velar por el equilibrio entre el deber de reserva en las investigaciones judiciales y el irrenunciable derecho de la sociedad a ser informada, sobre todo cuando están en juego hechos de interés público. Por todo lo anterior, como AMDI-Chile, exigimos: 1. El retiro o rechazo inmediato del Proyecto de Ley Boletín 17.484-07, por vulnerar principios esenciales de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información. 2. La convocatoria a una mesa de diálogo plural que incluya a periodistas, medios independientes, colegios profesionales, académicos, representantes del Poder Judicial y defensores de derechos humanos, con el fin de abordar de manera seria y democrática los desafíos asociados a la reserva judicial y la transparencia pública. 3. El respeto irrestricto a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el Artículo 13, que protege el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. ¡Sin periodismo libre no hay democracia plena! ¡Informar no es delito! Asociación de Medios Digitales de Chile – AMDI-Chile Santiago, Chile – Julio de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado las primeras cartas anunciando nuevos aranceles a países con los que no ha avanzado en acuerdos comerciales, incluyendo a Japón y Corea del Sur, a los cuales se les impondrán tasas adicionales del 25%. En total, el mandatario republicano ha enviado misivas a 14 países, entre ellos Sudáfrica, Malasia, Birmania, Laos, Kazajstán, Tailandia y Túnez, advirtiendo sobre la imposición de impuestos aduaneros que oscilan entre el 25% y el 40% si no logran llegar a un pacto con Washington. La Casa Blanca no ha revelado los nombres de los otros cinco países destinatarios de las cartas. Trump justificó esta medida debido a que las relaciones comerciales con Japón y Corea no son recíprocas y se mostró dispuesto a reconsiderar los aranceles si estos países modifican sus políticas fiscales con productos estadounidenses. Los aranceles anunciados entrarán en vigor el 1 de agosto y la Casa Blanca ha advertido sobre posibles incrementos si los países afectados toman represalias contra productos estadounidenses. El presidente firmó una orden para retrasar la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto para alcanzar un acuerdo y evitar tasas más altas. Además, Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) luego de que este bloque expresara su preocupación por las medidas arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio mundial. Las declaraciones del presidente estadounidense fueron rechazadas por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó: No queremos un emperador. Si él cree que puede aplicar aranceles, los (otros) países también pueden; existe la ley de reciprocidad. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, señaló que las declaraciones de Trump son una referencia genérica y no están dirigidas a Chile ni a ningún país en particular. Fuente: Meganoticias
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha explicado las diferencias en la regulación de la prescindencia electoral entre el Presidente de la República y los demás funcionarios públicos. En su comparecencia ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Pérez resaltó que, según el instructivo de la Contraloría, los funcionarios pueden ejercer actividades políticas fuera de su jornada laboral, “sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”. Por otro lado, en relación al Presidente Gabriel Boric, Pérez indicó que el Mandatario no está sujeto a las mismas normativas, ya que su situación está regida por la Constitución. “La situación específica del Presidente de la República está regulada en la Constitución y tiene un estatuto especial que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos ”, subrayó la Contralora. Asimismo, explicó que debido a su estatus, no correspondería aplicar el estatuto administrativo al Presidente de la República, lo que implica que no se le puede instruir un sumario administrativo. En caso de que se considere que el Presidente Boric ha infringido las normas, la única forma de sancionarlo sería a través de una acusación constitucional presentada por los diputados. Pérez concluyó afirmando que, a diferencia del Presidente, “el estatuto de los funcionarios públicos, de los subsecretarios y de distintas autoridades está bien claro y está instruido por la Contraloría en sus distintos instructivos que emite cada vez que hay elecciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió un capítulo crucial en la búsqueda de justicia, al escuchar los argumentos de la parte querellante este lunes. Insisten en que aún hay diligencias pendientes y que cerrar la causa con solo un encubridor procesado es insuficiente para hacer justicia, según informó Radio Biobío. A más de cinco décadas de la muerte del exministro de Interior y Defensa durante el gobierno de Salvador Allende, José Tohá González, la Séptima Sala del tribunal escuchó los alegatos del abogado Nelson Caucoto, representante de la familia Tohá. Solicitaron la reapertura de la causa cerrada en marzo por la ministra en visita, Paola Plaza. La magistrada dio por terminado el sumario sin acoger las diligencias requeridas por la parte querellante, argumentando que no eran necesarias. La investigación dejó solo a un acusado —como encubridor— en el caso del asesinato del exministro durante la dictadura militar. Para la familia y sus representantes legales, cerrar el caso bajo esas condiciones constituye un grave error. “ Está probado que José Tohá no se suicidó ”, señaló Caucoto ante los jueces. En la misma línea, añadió: “La dictadura quiso instalar esa versión, pero los informes forenses acreditan que fue estrangulado. Terminar una causa con solo un encubridor es un absurdo jurídico y moral”. La reapertura solicitada se fundamenta en pericias y diligencias aún pendientes que podrían permitir avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. José Tohá fue arrestado el 11 de septiembre de 1973 y permaneció detenido en distintos recintos militares hasta su fallecimiento el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar. El régimen afirmó que se trató de un suicidio, pero análisis forenses posteriores concluyeron que murió por intervención de terceros. Caucoto explicó que en el caso existen al menos tres figuras penales: aplicación de tormentos, secuestro y homicidio calificado. Solo uno tiene a un procesado como encubridor. Emocionada, Carolina Tohá, hija del exministro presente en la audiencia, reafirmó la necesidad de avanzar. “Fue impactante oír nuevamente los antecedentes. Si el Estado concluye que hubo un homicidio, no puede dejarlo ahí. Hay que conocer la verdad completa: quién lo hizo, cómo y por qué”. Fuente: CNN Chile País
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
El periodismo no es delito El ejercicio del periodismo se fundamenta en el interés público. Informar responsablemente sobre procesos judiciales, especialmente aquellos que involucran a autoridades, instituciones estatales o recursos públicos, no constituye un delito: es una expresión legítima del derecho a la información y un pilar de toda democracia sana y transparente. Este proyecto, al establecer sanciones penales amplias y poco delimitadas, podría afectar no solo a periodistas, sino también a investigadores, denunciantes, querellantes e incluso ciudadanos comprometidos con la verdad y la fiscalización social. En su actual redacción, representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. Riesgo de censura y autocensura La aprobación de esta ley podría generar un clima de temor, autocensura e inhibición informativa, afectando directamente la labor investigativa de los medios de comunicación. También pone en riesgo la posibilidad de revelar oportunamente hechos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, abusos de poder u otras materias de alto interés ciudadano. Las normas vigentes ya sancionan filtraciones indebidas Reconocemos que los funcionarios públicos y quienes participan formalmente en un proceso penal están sujetos al deber de reserva. Sin embargo, la legislación actual ya contempla sanciones para quienes violan dicho deber, por lo tanto, no es necesario ni proporcional criminalizar también a quienes reciben o difunden información de interés público sin haber incurrido en actos ilegales para obtenerla. La criminalización de la divulgación, sin considerar el contexto, la intención informativa ni el valor público del contenido, abre la puerta a restricciones desproporcionadas, persecuciones selectivas y vulneraciones a derechos fundamentales. Periodismo libre, ético y responsable Las y los periodistas y comunicadores sociales de nuestro país hemos asumido históricamente con responsabilidad el rol de informar, investigar y fiscalizar. Nuestro compromiso con la ética profesional y la democracia es indeclinable. Por ello, no podemos aceptar que se nos silencie bajo amenazas penales. El Estado debe velar por el equilibrio entre el deber de reserva en las investigaciones judiciales y el irrenunciable derecho de la sociedad a ser informada, sobre todo cuando están en juego hechos de interés público. Por todo lo anterior, como AMDI-Chile, exigimos: 1. El retiro o rechazo inmediato del Proyecto de Ley Boletín 17.484-07, por vulnerar principios esenciales de la libertad de prensa y del derecho ciudadano a la información. 2. La convocatoria a una mesa de diálogo plural que incluya a periodistas, medios independientes, colegios profesionales, académicos, representantes del Poder Judicial y defensores de derechos humanos, con el fin de abordar de manera seria y democrática los desafíos asociados a la reserva judicial y la transparencia pública. 3. El respeto irrestricto a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el Artículo 13, que protege el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. ¡Sin periodismo libre no hay democracia plena! ¡Informar no es delito! Asociación de Medios Digitales de Chile – AMDI-Chile Santiago, Chile – Julio de 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado las primeras cartas anunciando nuevos aranceles a países con los que no ha avanzado en acuerdos comerciales, incluyendo a Japón y Corea del Sur, a los cuales se les impondrán tasas adicionales del 25%. En total, el mandatario republicano ha enviado misivas a 14 países, entre ellos Sudáfrica, Malasia, Birmania, Laos, Kazajstán, Tailandia y Túnez, advirtiendo sobre la imposición de impuestos aduaneros que oscilan entre el 25% y el 40% si no logran llegar a un pacto con Washington. La Casa Blanca no ha revelado los nombres de los otros cinco países destinatarios de las cartas. Trump justificó esta medida debido a que las relaciones comerciales con Japón y Corea no son recíprocas y se mostró dispuesto a reconsiderar los aranceles si estos países modifican sus políticas fiscales con productos estadounidenses. Los aranceles anunciados entrarán en vigor el 1 de agosto y la Casa Blanca ha advertido sobre posibles incrementos si los países afectados toman represalias contra productos estadounidenses. El presidente firmó una orden para retrasar la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto para alcanzar un acuerdo y evitar tasas más altas. Además, Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) luego de que este bloque expresara su preocupación por las medidas arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio mundial. Las declaraciones del presidente estadounidense fueron rechazadas por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó: No queremos un emperador. Si él cree que puede aplicar aranceles, los (otros) países también pueden; existe la ley de reciprocidad. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, señaló que las declaraciones de Trump son una referencia genérica y no están dirigidas a Chile ni a ningún país en particular. Fuente: Meganoticias
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha explicado las diferencias en la regulación de la prescindencia electoral entre el Presidente de la República y los demás funcionarios públicos. En su comparecencia ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Pérez resaltó que, según el instructivo de la Contraloría, los funcionarios pueden ejercer actividades políticas fuera de su jornada laboral, “sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”. Por otro lado, en relación al Presidente Gabriel Boric, Pérez indicó que el Mandatario no está sujeto a las mismas normativas, ya que su situación está regida por la Constitución. “La situación específica del Presidente de la República está regulada en la Constitución y tiene un estatuto especial que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos ”, subrayó la Contralora. Asimismo, explicó que debido a su estatus, no correspondería aplicar el estatuto administrativo al Presidente de la República, lo que implica que no se le puede instruir un sumario administrativo. En caso de que se considere que el Presidente Boric ha infringido las normas, la única forma de sancionarlo sería a través de una acusación constitucional presentada por los diputados. Pérez concluyó afirmando que, a diferencia del Presidente, “el estatuto de los funcionarios públicos, de los subsecretarios y de distintas autoridades está bien claro y está instruido por la Contraloría en sus distintos instructivos que emite cada vez que hay elecciones”. Fuente: ADN Radio Nacional
La Corte de Apelaciones de Santiago reabrió un capítulo crucial en la búsqueda de justicia, al escuchar los argumentos de la parte querellante este lunes. Insisten en que aún hay diligencias pendientes y que cerrar la causa con solo un encubridor procesado es insuficiente para hacer justicia, según informó Radio Biobío. A más de cinco décadas de la muerte del exministro de Interior y Defensa durante el gobierno de Salvador Allende, José Tohá González, la Séptima Sala del tribunal escuchó los alegatos del abogado Nelson Caucoto, representante de la familia Tohá. Solicitaron la reapertura de la causa cerrada en marzo por la ministra en visita, Paola Plaza. La magistrada dio por terminado el sumario sin acoger las diligencias requeridas por la parte querellante, argumentando que no eran necesarias. La investigación dejó solo a un acusado —como encubridor— en el caso del asesinato del exministro durante la dictadura militar. Para la familia y sus representantes legales, cerrar el caso bajo esas condiciones constituye un grave error. “ Está probado que José Tohá no se suicidó ”, señaló Caucoto ante los jueces. En la misma línea, añadió: “La dictadura quiso instalar esa versión, pero los informes forenses acreditan que fue estrangulado. Terminar una causa con solo un encubridor es un absurdo jurídico y moral”. La reapertura solicitada se fundamenta en pericias y diligencias aún pendientes que podrían permitir avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. José Tohá fue arrestado el 11 de septiembre de 1973 y permaneció detenido en distintos recintos militares hasta su fallecimiento el 15 de marzo de 1974 en el Hospital Militar. El régimen afirmó que se trató de un suicidio, pero análisis forenses posteriores concluyeron que murió por intervención de terceros. Caucoto explicó que en el caso existen al menos tres figuras penales: aplicación de tormentos, secuestro y homicidio calificado. Solo uno tiene a un procesado como encubridor. Emocionada, Carolina Tohá, hija del exministro presente en la audiencia, reafirmó la necesidad de avanzar. “Fue impactante oír nuevamente los antecedentes. Si el Estado concluye que hubo un homicidio, no puede dejarlo ahí. Hay que conocer la verdad completa: quién lo hizo, cómo y por qué”. Fuente: CNN Chile País
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite legislativo el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial (FS) de la Fiscalía Nacional, organismo encargado de perseguir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. De esta manera, la FS se incorporará a la Ley Orgánica del Ministerio Público y actuará en casos donde existan antecedentes de asociaciones delictivas o criminales que requieran intervención en más de una región o a nivel internacional (supraterritorial). Según lo indicado por la Fiscalía, el proyecto establece la creación de una unidad funcional nacional dentro del Ministerio Público, con un Fiscal Jefe designado por el Fiscal Nacional y con rango equivalente al de Fiscal Regional. Este fiscal será exclusiva confianza del Fiscal Nacional y podrá recibir instrucciones generales y particulares en las investigaciones a su cargo. Además, se conformará un equipo técnico-especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en crimen organizado y litigación compleja, con evaluaciones exigentes y un régimen de rotación limitado en el tiempo. También se articulará un Sistema de Análisis Criminal para potenciar la persecución penal mediante estrategias integradas de análisis especializado a nivel nacional. La nueva Fiscalía Supraterritorial contará con facultades para actuar a nivel nacional y transnacional, complementando el modelo regionalizado actual. Se busca así hacer frente a la sofisticación y expansión territorial de las asociaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad pública y el Estado de Derecho. La ley también refuerza los mecanismos de rendición de cuentas e información al Congreso. El Fiscal Jefe deberá rendir cuenta pública anualmente sobre su gestión, mientras que el Fiscal Nacional informará al Congreso sobre el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y los desafíos del crimen organizado. El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que hoy damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía supraterritorial ha sido aprobada por el Congreso Nacional y con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos donde actúan organizaciones en varias regiones o incluso a nivel internacional. La nueva institucionalidad contempla una dotación de 35 fiscales y 63 funcionarios de apoyo, con un presupuesto inicial de 7691 millones de pesos y un plazo gradual de 3 años para su implementación. Fuente: Publimetro
