Tras la controversia generada por una circular del Ministerio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” programas clave —entre ellos el PAE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el plan Calles Sin Violencia, el Gobierno salió a responder de forma categórica ante las dudas surgidas en la ciudadanía. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró a 24 Horas, que por ningún motivo “ se terminará con el Plan Calle Sin Violencia. Tras la filtración, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, explicó que no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es oficio, todavía no está el decreto “. Precisó que “lo único que se ha enviado es un oficio que se envía en el contexto de correcciones de gasto que siempre hay que hacer y, de hecho, lo envía Dipres todos los años y de ese oficio lo que estamos diciendo son programas que se evaluaron mal en la Dipres y le estamos dando orientación de en qué fijarse en lo que viene a futuro”. En la circular, se hablaba de los programas en Seguridad: Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología); Calles Sin Violencia; y el Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO). Fuente: Publimetro
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha realizado ajustes significativos en el reglamento de la Ley Uber, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Bajo la dirección de Louis de Grange, se ha presentado un nuevo texto a Contraloría con el objetivo de simplificar las exigencias administrativas y técnicas para facilitar la implementación de la ley y minimizar el impacto en el empleo y las tarifas. A continuación, se describen los cambios más relevantes introducidos en el reglamento: 1. Flexibilización de Antigüedad y Estándares Técnicos El nuevo reglamento propone una extensión significativa en los límites de antigüedad permitidos para los vehículos de aplicaciones: Primera inscripción: El límite aumenta de 1 a 5 años. Reemplazo de vehículos: Sube de 3 a 5 años, con un régimen especial de 7 años en zonas extremas. Antigüedad máxima de operación: Se extiende de 12 a 15 años. Cilindrada y potencia: Se eliminan estas exigencias, ya que el ministerio considera que no son determinantes para los estándares de seguridad actuales. 2. Reducción de la Carga Administrativa Se busca simplificar los trámites para conductores, empresas y propietarios mediante diversas medidas: Eliminación de trámites: Se suprimen las solicitudes de antecedentes que el ministerio puede obtener por otras fuentes oficiales o interoperabilidad. Reemplazo de conductores: Se aumenta la periodicidad para disponibilizar cupos de reemplazo, pasando de 30 a 10 días. Agilización del Registro: El proceso de inscripción de conductores y vehículos en el Registro Electrónico de las EAT se vuelve más expedito. 3. Nuevo Distintivo de Identificación Se simplifica el distintivo que los vehículos deben exhibir de forma permanente durante la prestación del servicio: Formato: Una sola lámina rectangular de 14 cm de alto por 10 cm de ancho. Contenido: Debe incluir fondo blanco, un código QR, la foto del conductor y su código de identificación (CIC). Objetivo: Facilitar la fiscalización y mejorar la seguridad de los pasajeros. 4. Gestión de Datos y Registro Electrónico El reglamento estipula la creación de un registro nacional, único y electrónico: Contenido: Nómina de empresas EAT, conductores habilitados y vehículos adscritos por cada región. Responsabilidad: El MTT es el encargado de la custodia de las bases de datos, resguardando los datos personales según la normativa vigente. Acceso: La información contenida en el registro será de consulta pública y gratuita. 5. Equiparación con el Gremio de Taxis Para evitar una competencia desigual, se tramitan cambios paralelos para taxis y colectivos: Similitud técnica: Se busca igualar las exigencias de antigüedad y cilindrada con las de las EAT. Capacidad: Se elimina el límite de dos corridas de asientos (permitiendo mínimo dos) y se establece una capacidad máxima de 9 asientos. Excepción en colectivos: Se mantiene la exigencia de potencia y cilindrada para los taxis colectivos debido a su alta tasa de ocupación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
La semana pasada concluyó con evaluaciones estables pero polarizadas sobre el desempeño del Ejecutivo y figuras políticas internacionales. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem, la gestión del presidente José Antonio Kast mantuvo una desaprobación del 50% frente a un 42% de aprobación. Destacando el informe, un 50% de los encuestados respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, superando el 39% que la rechaza. Además, un 52% considera que tiene posibilidades reales de alcanzar la Secretaría General. El apoyo está dividido por tendencia política: un 88% de izquierda apoya su postulación, mientras que un 72% de derecha la rechaza. Respecto al retiro del patrocinio oficial, un 48% está en desacuerdo y un 71% atribuye esta decisión a diferencias políticas con Bachelet. En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de Kast, hay un empate técnico: un 47% está de acuerdo y otro 47% en desacuerdo. A pesar de ello, un 50% cree que el Congreso Nacional debería aprobar el proyecto. En relación a medidas específicas del plan, hay consenso en torno al control administrativo. La propuesta de despido de funcionarios públicos que hayan hecho uso de licencias médicas falsas cuenta con un 88% de aprobación. Asimismo, el subsidio para la creación de empleo recibe un 77% de apoyo. Sin embargo, establecer un régimen de invariabilidad tributaria solo obtiene un respaldo del 34%. Finalmente, el sondeo sugiere que la percepción ciudadana mejoraría si se incluyen beneficios económicos directos. Un 63% indicó que su opinión sobre el plan de Kast mejoraría con medidas como rebajas en medicamentos o productos básicos. Fuente: Publimetro
En una entrevista con La Prueba de ADN, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aclaró que el proyecto de la ley Escuelas Protegidas no tiene como objetivo erradicar la violencia por decreto, ya que sería una promesa imposible de cumplir. Según Rodríguez, la escuela es una víctima y es parte de la situación de crisis de seguridad en el país. Por lo tanto, el verdadero propósito es proporcionar a los colegios herramientas específicas para enfrentar hechos más bien extremos de violencia. En relación a la polémica revisión de mochilas, el subsecretario explicó que esta será una potestad que se le entrega al establecimiento, la cual debe estar establecida en su reglamento interno y ser llevada a cabo por personal específicamente designado y capacitado para evitar sobrecargar a los profesores. Rodríguez hizo hincapié en el carácter preventivo del proceso: lo que nosotros planteamos es que los colegios puedan hacer una revisión voluntaria, jamás forzosa. En caso de que un estudiante se niegue, el protocolo indica apartarlo a un lugar privado y llamar a sus apoderados, dejando el uso de la fuerza y el registro físico exclusivamente en manos de Carabineros o la PDI. Finalmente, el subsecretario vinculó la seguridad con la crisis de aprendizaje, señalando que el aprendizaje es un proceso esencialmente afectivo que no puede ocurrir bajo amenaza. Rodríguez advirtió que los ambientes violentos donde el alumno se siente inseguro, presionado o discriminado afectan directamente el rendimiento escolar. Por lo tanto, defendió la urgencia de estas medidas preventivas y disuasivas para proteger el vínculo emocional entre docente y estudiante, considerado esencial para alcanzar los objetivos académicos. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras la controversia generada por una circular del Ministerio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” programas clave —entre ellos el PAE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el plan Calles Sin Violencia, el Gobierno salió a responder de forma categórica ante las dudas surgidas en la ciudadanía. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, aseguró a 24 Horas, que por ningún motivo “ se terminará con el Plan Calle Sin Violencia. Tras la filtración, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, explicó que no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa; es oficio, todavía no está el decreto “. Precisó que “lo único que se ha enviado es un oficio que se envía en el contexto de correcciones de gasto que siempre hay que hacer y, de hecho, lo envía Dipres todos los años y de ese oficio lo que estamos diciendo son programas que se evaluaron mal en la Dipres y le estamos dando orientación de en qué fijarse en lo que viene a futuro”. En la circular, se hablaba de los programas en Seguridad: Innovación y Transferencia Técnica Territorial (ex Innovación y Tecnología); Calles Sin Violencia; y el Programa Contra el Crimen Organizado (PNCO). Fuente: Publimetro
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) ha realizado ajustes significativos en el reglamento de la Ley Uber, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Bajo la dirección de Louis de Grange, se ha presentado un nuevo texto a Contraloría con el objetivo de simplificar las exigencias administrativas y técnicas para facilitar la implementación de la ley y minimizar el impacto en el empleo y las tarifas. A continuación, se describen los cambios más relevantes introducidos en el reglamento: 1. Flexibilización de Antigüedad y Estándares Técnicos El nuevo reglamento propone una extensión significativa en los límites de antigüedad permitidos para los vehículos de aplicaciones: Primera inscripción: El límite aumenta de 1 a 5 años. Reemplazo de vehículos: Sube de 3 a 5 años, con un régimen especial de 7 años en zonas extremas. Antigüedad máxima de operación: Se extiende de 12 a 15 años. Cilindrada y potencia: Se eliminan estas exigencias, ya que el ministerio considera que no son determinantes para los estándares de seguridad actuales. 2. Reducción de la Carga Administrativa Se busca simplificar los trámites para conductores, empresas y propietarios mediante diversas medidas: Eliminación de trámites: Se suprimen las solicitudes de antecedentes que el ministerio puede obtener por otras fuentes oficiales o interoperabilidad. Reemplazo de conductores: Se aumenta la periodicidad para disponibilizar cupos de reemplazo, pasando de 30 a 10 días. Agilización del Registro: El proceso de inscripción de conductores y vehículos en el Registro Electrónico de las EAT se vuelve más expedito. 3. Nuevo Distintivo de Identificación Se simplifica el distintivo que los vehículos deben exhibir de forma permanente durante la prestación del servicio: Formato: Una sola lámina rectangular de 14 cm de alto por 10 cm de ancho. Contenido: Debe incluir fondo blanco, un código QR, la foto del conductor y su código de identificación (CIC). Objetivo: Facilitar la fiscalización y mejorar la seguridad de los pasajeros. 4. Gestión de Datos y Registro Electrónico El reglamento estipula la creación de un registro nacional, único y electrónico: Contenido: Nómina de empresas EAT, conductores habilitados y vehículos adscritos por cada región. Responsabilidad: El MTT es el encargado de la custodia de las bases de datos, resguardando los datos personales según la normativa vigente. Acceso: La información contenida en el registro será de consulta pública y gratuita. 5. Equiparación con el Gremio de Taxis Para evitar una competencia desigual, se tramitan cambios paralelos para taxis y colectivos: Similitud técnica: Se busca igualar las exigencias de antigüedad y cilindrada con las de las EAT. Capacidad: Se elimina el límite de dos corridas de asientos (permitiendo mínimo dos) y se establece una capacidad máxima de 9 asientos. Excepción en colectivos: Se mantiene la exigencia de potencia y cilindrada para los taxis colectivos debido a su alta tasa de ocupación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado medidas coactivas contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tienen ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Esta acción afecta a un grupo inicial de 1.340 casos a nivel nacional que no han regularizado su situación después de recibir notificaciones. Las medidas incluyen la retención de fondos en cuentas bancarias, inversiones y activos como vehículos o inmuebles. Estas acciones judiciales y administrativas se están llevando a cabo después de que venciera el plazo de notificación que comenzó el 6 de abril. El objetivo es recuperar recursos fiscales mediante el embargo de activos. Según la TGR, el proceso no se limita solo a bienes físicos como vehículos o propiedades, sino que se enfoca en la retención de bienes financieros, incluyendo el congelamiento de fondos en cuentas bancarias, depósitos a plazo e inversiones en fondos mutuos. La estrategia está dirigida hacia un grupo crítico de 1.340 personas con altos ingresos que, a pesar de haber sido notificadas formalmente, siguen manteniendo sus obligaciones impagas. En lo que va del año 2026, la gestión de cobro de la TGR ha logrado recuperar más de $20 mil millones. Durante el mes de abril, se observó una aceleración en las regularizaciones con la firma de 7.500 nuevos convenios, lo que significó un ingreso de $8.400 millones a las arcas fiscales en un solo mes. En cuanto a los deudores con ingresos superiores a los $5 millones, el fisco ya ha recaudado $2.400 millones a través de pagos totales o parciales realizados fuera de convenios. Para aquellos deudores con ingresos inferiores al umbral establecido, la institución ha implementado un sistema de facilidades de pago desde el 1 de abril. Fuente: CNN Chile País
La semana pasada concluyó con evaluaciones estables pero polarizadas sobre el desempeño del Ejecutivo y figuras políticas internacionales. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem, la gestión del presidente José Antonio Kast mantuvo una desaprobación del 50% frente a un 42% de aprobación. Destacando el informe, un 50% de los encuestados respalda la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, superando el 39% que la rechaza. Además, un 52% considera que tiene posibilidades reales de alcanzar la Secretaría General. El apoyo está dividido por tendencia política: un 88% de izquierda apoya su postulación, mientras que un 72% de derecha la rechaza. Respecto al retiro del patrocinio oficial, un 48% está en desacuerdo y un 71% atribuye esta decisión a diferencias políticas con Bachelet. En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de Kast, hay un empate técnico: un 47% está de acuerdo y otro 47% en desacuerdo. A pesar de ello, un 50% cree que el Congreso Nacional debería aprobar el proyecto. En relación a medidas específicas del plan, hay consenso en torno al control administrativo. La propuesta de despido de funcionarios públicos que hayan hecho uso de licencias médicas falsas cuenta con un 88% de aprobación. Asimismo, el subsidio para la creación de empleo recibe un 77% de apoyo. Sin embargo, establecer un régimen de invariabilidad tributaria solo obtiene un respaldo del 34%. Finalmente, el sondeo sugiere que la percepción ciudadana mejoraría si se incluyen beneficios económicos directos. Un 63% indicó que su opinión sobre el plan de Kast mejoraría con medidas como rebajas en medicamentos o productos básicos. Fuente: Publimetro
En una entrevista con La Prueba de ADN, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, aclaró que el proyecto de la ley Escuelas Protegidas no tiene como objetivo erradicar la violencia por decreto, ya que sería una promesa imposible de cumplir. Según Rodríguez, la escuela es una víctima y es parte de la situación de crisis de seguridad en el país. Por lo tanto, el verdadero propósito es proporcionar a los colegios herramientas específicas para enfrentar hechos más bien extremos de violencia. En relación a la polémica revisión de mochilas, el subsecretario explicó que esta será una potestad que se le entrega al establecimiento, la cual debe estar establecida en su reglamento interno y ser llevada a cabo por personal específicamente designado y capacitado para evitar sobrecargar a los profesores. Rodríguez hizo hincapié en el carácter preventivo del proceso: lo que nosotros planteamos es que los colegios puedan hacer una revisión voluntaria, jamás forzosa. En caso de que un estudiante se niegue, el protocolo indica apartarlo a un lugar privado y llamar a sus apoderados, dejando el uso de la fuerza y el registro físico exclusivamente en manos de Carabineros o la PDI. Finalmente, el subsecretario vinculó la seguridad con la crisis de aprendizaje, señalando que el aprendizaje es un proceso esencialmente afectivo que no puede ocurrir bajo amenaza. Rodríguez advirtió que los ambientes violentos donde el alumno se siente inseguro, presionado o discriminado afectan directamente el rendimiento escolar. Por lo tanto, defendió la urgencia de estas medidas preventivas y disuasivas para proteger el vínculo emocional entre docente y estudiante, considerado esencial para alcanzar los objetivos académicos. Fuente: ADN Radio Nacional
