Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la investigación del caso Audios, se han incorporado nuevas escuchas telefónicas que revelan una serie de gestiones extrajudiciales con el objetivo de evitar la destitución del exmagistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, quien fue removido recientemente por el Congreso. Estos registros, a los que tuvo acceso un equipo de reportajes de CHV, implican a abogados, ministros en ejercicio, notarios y un conservador de Bienes Raíces en acciones destinadas a influir en decisiones clave del Poder Judicial. Según los antecedentes, Sergio Yaber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, es uno de los principales actores en estas presuntas maniobras. En una conversación del 1 de octubre, Yaber menciona el estado de ánimo de Ulloa después del fallo inicial de la Suprema que evitó su salida: “Bien, estaba contento, estaba muy bien”, comentó Yaber a un notario. Las escuchas también involucran al diputado Cristian Araya, jefe de bancada del Partido Republicano. En una conversación con su esposa, uno de los investigados menciona: “Lo cité yo porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga”. A pesar de esto, el parlamentario negó cualquier relación: “No existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna acción judicial”. Otro diálogo revelado por un noticiero televisivo el 22 de agosto señala gestiones con el abogado Alejandro Román, ex titular del Tribunal de Contratación Pública, quien tendría conexiones con ministros de la Corte Suprema. En esta conversación se escucha a uno de los implicados decir: “Aquí la idea es bajarlo un mes con cuea, si es que se puede bajar a menos… él tiene muchos amigos arriba”. Además de Ulloa, las escuchas también hacen referencia a intentos de apoyo a la exministra Verónica Sabaj. En una llamada telefónica, uno de los interlocutores expresa: “Ojalá se salven los dos… se están moviendo firme, firme, firme arriba por la Verónica”. La fiscal Carmen Gloria Wittwer confirmó que parte del contenido analizado podría tener carácter delictual y que nuevos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para ampliar las investigaciones. Wittwer precisó: “Separaremos la investigación con este nuevo antecedente; debe revisarlo otro fiscal regional”. Fuente: ADN Radio Nacional
