el martes pasado a las 12:36
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El Ministerio Público persiste en la investigación de posibles irregularidades en la asignación de pensiones de gracia a personas lesionadas durante el estallido social, a raíz de un informe de la Contraloría que sugiere una potencial responsabilidad penal por mal uso de recursos públicos.
Según el órgano persecutor, se han identificado beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos, arrojando luces sobre un presunto mal manejo en la entrega de estas pensiones. La Fiscalía citó a declarar a funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad receptora de las denuncias, así como a representantes del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, encargado de emitir la recomendación final.
En este contexto, el diputado independiente de la bancada socialista, Tomás de Rementería, abogó por esclarecer todas las posibles falencias, aunque sostuvo que, en su opinión, no se cometieron delitos. Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, exigió la renuncia de las autoridades que, según él, pasaron por alto antecedentes penales de beneficiarios, argumentando motivos ideológicos.
En una perspectiva crítica hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, afirmó que la entidad demostró ser incapaz de llevar a cabo un filtro adecuado al aprobar todas las solicitudes de pensiones de gracia, según lo revelado por las actas del consejo del INDH, que acreditaron a todos los denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos como víctimas.
El medio de comunicación Ex-Ante constató que las actas del consejo del INDH revelaron la acreditación de 437 casos de denunciantes de violaciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones, todos ellos aprobados sin excepción.
El presidente Donald Trump ha comunicado la imposición de nuevos aranceles a países con los que no ha avanzado en acuerdos comerciales, incluyendo a sus socios Japón y Corea del Sur.
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La Contralora explica que el Mandatario está regido por un estatuto constitucional distinto al de los demás funcionarios públicos durante elecciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago escuchó argumentos de la parte querellante que considera insuficiente cerrar la causa con solo un encubridor procesado.
La nueva institución estará operativa en seis meses tras su promulgación en el Diario Oficial.
El presidente republicano se siente ignorado por el Comité Noruego del Nobel en su papel mediador en conflictos internacionales.
La Corte Suprema tomó la decisión de remover al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial debido a su responsabilidad en la fallida renovación de los vehículos fiscales de los ministros del máximo tribunal.
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